EL NACIONAL - DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 2006 D/2
Siete Días
José Antonio Colina, presunto responsable de los atentados a las sedes diplomáticas de España y Colombia
"Yo regresaré en diciembre porque el futuro es promisorio"
Hace cuatro años acompañó a sus superiores en la toma de la plaza Altamira. Por primera vez desde que salió en libertad, Colina cuenta su traumático paso por los tribunales estadounidenses
Ytaelena López
MIAMI
Cuando los oficiales disidentes José Antonio Colina y Germán Varela pidieron asilo al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, la noche del 19 de diciembre de 2003, sabían que les esperaba una odisea.
Sobre ellos pesaba una orden de arresto internacional, a la que posteriormente se sumó una solicitud de extradición emitida por el Tribunal Supremo de Justicia , como consecuencia de su supuesta participación en los atentados con bombas en sedes diplomáticas de España y Colombia en febrero de 2003.
Estos tenientes de la Guardia Nacional jamás imaginaron que su apuesta por una nueva vida se traduciría en un encierro de tres años y cuatro meses, tiempo durante el cual estuvieron sometidos a los vaivenes de la política migratoria estadounidense.
"El silencio del Departamento de Inmigración y Aduanas con respecto a este caso nos mantuvoen un `limbo jurídico’ durante 40 meses, con la descabellada idea de tenernos presos indefinidamente. Vine buscando protección y terminé preso como un bobo", se quejó Colina en una carta fechada el 5 de marzo de 2006. "Nadie, nadie sabe por lo que nosotros pasamos", completó Varela.
El viaje de los argonautas
Colina y Varela son, junto con los altos oficiales que se declararon "en desobediencia legítima" el 22 de octubre de 2002, 2 de los militares más conocidos entre el grupo de más de 100 que tomó la plaza Francia hace 4 años. Los líderes eran el general de división del Ejército Enrique Medina Gómez, el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, los generales de división de la Guardia Nacional Carlos Alfonzo Martínez, Felipe Rodríguez y Edgar Bolívar, el general de división José Félix Ruiz Guzmán, los contralmirantes Daniel Comisso y Edgar Morillo y los generales de brigada Pedro Pereira y Clinio Rodríguez (Aviación), Oscar Márquez (Guardia Nacional), Néstor González González, Rafael Sericia García y Vidal Rigoberto Martínez (Ejército).
Dos meses después, la protesta perdió su razón de ser y la tarima de la plaza Francia de Altamira se convirtió en un parque de atracciones. La situación de los militares disidentes empeoró con varias acusaciones penales. Colina decidió pasar a la clandestinidad a finales de noviembre de 2003, convencido de que el gobierno de Hugo Chávez lo había involucrado en un delito que no había cometido.
Colina y Varela pasaron la frontera entre Venezuela y Colombia por el estado Táchira. "Tenían un gentío de la
Guardia Nacional detrás de ellos, salieron con lo que tenían puesto, en Colombia pasaron hambre y luego recibieron
la visita de los paramilitares", cuenta Patricia Andrade, activista de los derechos de los presos políticos venezolanos.
Los paramilitares les advirtieron que eran buscados por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC).
"Si nos quedábamos en Colombia nos mataban, así que decidimos venir para Estados Unidos y pedir la protección del gobierno del presidente George W. Bush", recordó Colina.
Cuando llegaron a Miami ni siquiera efectuaron el trámite de aduana. Al salir del avión pidieron asilo como perseguidos políticos. Esta decisión "fue la única manera de evitar una deportación inmediata", dijo Colina.
Una mano cubana
La decisión de viajar a Miami generó el rumor que la comunidad cubano-americana de Miami había ayudado a los tenientes en su plan de fuga. Colina no se mantuvo indiferente a esos rumores: "Si estas solicitado por Interpol te van a devolver, eso es lo que dicta la lógica. A nosotros no nos ayudó nadie; por lo menos a José Colina no". Cuando solicitaron el asilo quedaron bajo custodia del Departamento de Inmigración y Aduanas (adscrito a Homeland Security), que decide estos asuntos sobre la base de tres elementos: el interrogatorio del "miedo creíble" (para verificar si están mintiendo o sus temores tienen fundamento), las pruebas donde se confirma el riesgo de volver a su país de origen y la certeza de que no representan un peligro para la seguridad.
Los oficiales pasaron la prueba del interrogatorio. Tanto para el Departamento de Inmigración como para varios representantes hispanos de la política estadounidense, al igual que para la prensa internacional, Colina y Varela eran perseguidos políticos. Las deterioradas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos con tribuyeron a este escenario.
"No hay duda de que ha aumentado nuestro interés a la luz de las declaraciones hostiles hechas por Hugo Chávez contra Estados Unidos", reconocieron desde Washington los legisladores Lincoln y Mario Díaz-Balart. Aseguraron que como prueba de su preocupación enviaron el 13 de febrero de 2004 una carta a John A. Mata, director de la Oficina de Campo de Detenciones y Deportaciones, en la que solicitaban la revisión de la petición de asilo de los tenientes, tomando en cuenta que éstos temen ser perseguidos por la policía política venezolana.
El temor se hizo verosímil con las pruebas que Germán Varela y José Colina trajeron desde Venezuela; suficientes como para protegerse y acusar al gobierno de Hugo Chávez de tener nexos militares con la inteligencia cubana y las organizaciones terroristas colombianas. Todas fueron entregadas al FBI. Son justamente estas pruebas a las que alude la parlamentaria norteamericana Ileana Ros-Lethi nen en una carta que envió a la Secretaria de Estado Condolezza Rice y al presidente George W. Bush. "Yo demando su atención (...) al apoyo de Chávez para organizaciones terroristas colombianas". El presidente George W. Bush respondió a la misiva haciendo alusión al deterioro de los derechos humanos en Venezuela, pero sin hacer mención del tema de los tenientes desidentes.
Después del 11 de septiembre de 2001, lo peor que le puede pasar a un inmigrante es ser calificado de terrorista por Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional, al cual está adscrita la sección de Inmigración y Aduanas, puede detener indefinidamente a una persona por la sola sospecha de ser un peligro para la seguridad nacional, a pesar de que este procedimiento fue abolido por un veredicto del Tribunal Supremo estadounidense, emitido en 2001.
Quizás este hecho explique el empecinamiento del diputado Luis Tascón, quién no paró de afirmar ante los medios de comunicación en diciembre de 2003 que los militares disidentes "cometieron crímenes de lesa humanidad con sus acciones dirigidas desde la plaza de Altamira".
Del interrogatorio realizado por el FBI quedó un informe en el que consta que Colina y Varela ni son terroristas ni "constituyen un peligro para la sociedad americana", según lo publicado por el reportero Alfonso Chardy en The Miami Herald el 11 de febrero del 2004.
El periodista Julio Cesar Camacho reveló que los agentes del FBI le dijeron que no encontraron indicios de que Colina y Varela fueran terroristas. "Si en verdad hubiese la más mínima sospecha de que fueran terroristas, hubieran ido incluso hasta Venezuela a buscar a sus compañeros para llevarlos a la cárcel", manifestó Camacho.
Dolor de cabeza
El caso se convirtió en un dolor de cabeza para Estados Unidos. Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó una solicitud de extradición y una orden de arresto internacional en la que acusan a José Colina y Germán Varela de "terroristas", obligó al Departamento de Seguridad Nacional a verificar la gravedad de las acusaciones.
El Gobierno de Venezuela sabía que en Estados Unidos la Ley de Inmigración permite deportar a una persona por el solo hecho de estar acusada de un delito de esta naturaleza. Ese fue el argumento que esgrimió Tascón para lanzar una advertencia al gobierno de George W. Bush: "Sea consecuente con su discurso de no ofrecer protección a los terroristas internacionales, porque estos sujetos están acusados precisamente de esos delitos. El Gobierno norteamericano, por lo menos, debe cuidar las apariencias y no caer en el juego de brindarle asilo a estos terroristas". Para sustentar la acusación contra Colina y Varela, el presidente Chávez dijo que tenía videos que demostraban la culpabilidad de los tenientes. Este material, sin embargo, jamás fue emitido en su programa dominical Aló, Presidente.
El reto de probar la inocencia de estos disidentes fue asumido por una gran cantidad de inmigrantes venezolanos --buena parte en el anonimato-que maneja una ingente cantidad de pruebas, documentos legales y cintas de audio y video.
La prueba más contundente del caso que había en el expediente se derrumbó cuando Silvio Mérida Ortiz, quién acusaba a los tenientes de colocar las bombas, desmintió su confesión ante la juez Ingrid Bohórquez en un tribunal venezolano y con una carta avalada por una prueba grafológica.
"Me preguntaron si sabía algo de las bombas, (...) me inyectaron sustancias, (...) yo fui obligado a hacer un video culpando a personas (...) yo me retracto totalmente de esa declaración, de ahora en adelante me arriesgaré, mis hijos están totalmente resguardados", dijo Mérida Ortiz al Juzgado 7o de Juicio.
Juegos políticos
Una de las acusaciones más fuertes que hace Colina es la manipulación política de su caso migratorio, fundamentado en la ingente cantidad de papeles que acumuló durante su cautiverio, amén de su continuo contacto con la prensa.
Colina aseguró que el Gobierno venezolano solicitó la extradición con el objetivo de que no se le concediera el asilo ni a él ni a su compañero.
"También pretendían que quedáramos detenidos por largo tiempo debido a la gravedad de los cargos; querían crear, por último, una situación de mayor tensión entre Venezuela y Estados Unidos".
Estados Unidos reaccionó políticamente de la manera más conveniente para sus intereses: división de poderes. Algunos senadores hispanos defendieron los derechos de los venezolanos, Inmigración se empeñó en extraditarlos, mientras el Departamento de Estado se desentendió acogiéndose al carácter secreto de este tipo de procesos.
Para no caer en el olvido y pasar a formar parte de los 314.218 inmigrantes ilegales o asilados que aguardan por tiempo indefinido (más de 6 meses) la resolución de su caso por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Colina emprendió una verdadera cruzada contra el olvido: él, junto con Varela y sus amigos venezolanos, pidió ayuda. Desde los teléfonos públicos de los centros penitenciarios de Krome y Houston, donde permanecieron retenidos durante todo este tiempo, se comunicaron con varios medios de comunicación dentro y fuera de Estados Unidos, al tiempo que recibían pruebas por correo. A pesar de todo, no obtuvieron el resultado deseado: saber cuál era el estatus del caso.
Mientras esperaban que fijara posición el Departamento de Estado o de la Corte de Apelaciones, Colina y Varela fueron trasladados de cárcel en cárcel. Primero estuvieron en Krome y luego en Wakulla, ambas en el estado de Florida. Después de una huelga de hambre de 33 días como protesta por condiciones inhumanas y aislamiento, fueron trasladados al Centro de Detención de Inmigrantes en Houston, Texas.
Consultada sobre el particular, la representante de los Asuntos Andinos para el Departamento de Estado, Karen Jo McIsaac, dijo: "No puedo opinar al respecto porque se trata de un caso de asilo".
El 18 de febrero de 2005, el juez Neale Foster --de la Corte de Inmigración en Krome-llegó a una solución salomónica para los intereses de Estados Unidos: aplicó al caso de Colina y Varela la Convención contra la Tortura para evitar su extradición "por la gran cantidad de evidencias de que en Venezuela se suele torturar a los criminales bajo arresto". Sin embargo, la funcionaria negó el asilo por considerar que "hay serios indicios para pensar que los demandantes han cometido un serio crimen no político antes de entrar en Estados Unidos".
Foster alegó, al igual que todos los representantes de inmigración que han declarado sobre el caso, que el sólo hecho de ser acusados ya es un indicio. Pero el proceso de Colina y Varela no ha finalizado aún porque en Venezuela nadie puede ser juzgado en ausencia.
La confesión de un informante de la policía política, publicada en el semanario venezolano Quinto Día el 13 de junio de 2003, quien admitió que José Colina aparecía en una lista secreta de la Disip, atenta contra la posición.
Y la actitud de Foster de no tomar como evidencia este material que -según una fuente-llegó a sus manos, alimenta esa paradoja. De eso se queja también Patricia Andrade, cuyos documentos no fueron usados en favor de los testigos. "Foster dijo que no quería saber nada de eso", se quejó.
Para Julio César Camacho, "la contradicción política y judicial está en el vacío que dejó la sentencia del juez Foster al no determinar si son culpables o inocentes".
Deshojando la margarita
El dilema de la culpabilidad o inocencia no lo puede resolver el Departamento de Inmigración y Aduanas. Esa instancia ni siquiera tiene la atribución de colocarle a los extranjeros una etiqueta de "terrorista" o "peligro para el seguridad nacional" para luego retenerlos indefinidamente.
Existe una jurisprudencia reciente. En el caso de Luis Posada Carriles, quien fue detenido por ingresar ilegalmente en Estados Unidos, el juez Norbert Garney exigió una moción o una certificación del Departamento de Estado para poder declarar al anticastrista como terrorista. Con Colina y Varela no hubo moción ni certificación, sólo silencio. El Departamento de Inmigración y Aduanas siempre consideró a los ex tenientes como criminales, y eso fue el obstáculo más difícil para ellos.
Colina y Varela habrían podido salir libres después de la sentencia del juez Foster si la fiscal Garret Jackson no hubiese apelado la parte donde se avala la Convención de la Tortura (CAT). Para protegerse de una deportación, los tenientes también apelaron para obtener el reconocimiento de su asilo.
La posición del Gobierno de Estados Unidos quedó en evidencia incluso antes de la sentencia del juez Neale Foster, cuando la Fiscalía planteó negociar con Leopoldo Ochoa (primer abogado de Colina y Varela) el retiro del asilo por la aplicación del CAT.
"Ochoa se negó porque decía que iba a ganar el asilo, pero sólo estaba pendiente de sacarle real a los muchachos", opinó uno de los informantes.
El director del Inmigración y Aduanas, en una carta fechada el 21 de diciembre de 2005, hizo pública su posición de no otorgarles asilo ni mucho menos la liber tad hasta tanto el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia tomen una decisión en cuanto a la solicitud de extradición, porque hay razones para considerar que Colina y Varela cometieron "delitos graves no políticos antes de entrar en Estados Unidos".
El funcionario sustentó su decisión de mantener la custodia al comparar el caso de Varela y Colina con el del terrorista Mohammed Jamal "Khalifah", el cuñado de Osama bin Laden deportado a Jordania, acusado de participar en el atentado con bombas contra el Word Trade Center en 1993.
Una fuente expresó que a Colina y a Varela les habían jugado sucio. "Les prometieron que serían juzgados con el mismo procedimiento que juzgaron a Luis Posada Carriles Ahora salen con el caso Khalifah, lo cual significa que van a tratar de deportarlos de cualquier manera". Y así fue, hasta el 12 de abril de 2006.
CAT salvavidas
José Colina esbozó --en una carta fechada el 5 de marzo pasado-el mejor escenario posible para resolver su situación:
"Que podamos negociar con la Fiscalía y retirar las apelaciones. Quedaríamos con la Convención contra la Tortura ratificada y comenzaría una batalla legal para lograr nuestra libertad. Automáticamente ya no habría extradición y el Departamento de Estado no tendría que hacer nada, como hasta ahora".
Lejos estaba de saber que el 11 de abril de 2006 las autoridades de Inmigración retiraron su pedido de deportación, al tiempo que los abogados abandonaron su petición de asilo en la Corte de Apelaciones de Inmigración en Atlanta.
Fue solo ese día cuando al fin se desató la "maraña política", como le llamaba Colina al caso con un virtual acuerdo entre sus abogados y las autoridades de Inmigración de Estados Unidos.
"Matthew (Archambeault) mantuvo las negociaciones con la Fiscalía para que quedaran en libertad con el CAT (Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura)", indicó el periodista Julio César Camacho.
La fe que tuvo Colina y su abogado Archambeault en el CAT se fundamentó en la sentencia que dio el juez William Lee Abbott en el caso de Luis Posada Carriles: "Las consideraciones del pasado no son relevantes para calificar. Hasta el terrorista más atroz o los asesinos de masas pueden calificar para un aplazamiento del retiro, si ellos pueden reunir un conjunto de pruebas que establezcan la posibilidad de tortura en el futuro". (Artículo 8 de la Convención contra la Tortura).
De esta manera, Estados Unidos abandonó al fin su intento de deportar a los venezolanos. A cambio, Colina y Varela retiraron la solicitud de asilo. Pero sólo fue temporalmente, por cuanto Archambeault volvió a la carga con la petición de asilo ante Inmigración.
Fuera de las rejas, un Colina, que ha ganado varios kilos y muestra una amplia sonrisa, se queja de no tener tiempo para la gran cantidad de proyectos que tiene: libros, programas de radio, entrevistas. Incluso planea estudiar otro posgrado "en inglés" para poder prepararse para el futuro cuando regrese a su país. "Regresaré a Venezuela en diciembre; el futuro es promisorio", aseguró.
Sin embargo, de vez en cuando abandona su optimismo y se deja arrebatar por las nostalgias. "Esto está bien, pero a mí no me gusta Estados Unidos porque mi país es Venezuela". Para Germán Varela, las cosas han sido diferentes, aunque su situación legal es la misma. Se mantiene totalmente de bajo perfil, le huye a los medios como de una peste y vive refugiado en un pueblo rural de Estados Unidos. Su voz transmite ansiedad y desconfianza. Durante estos años de encierro, su padre, el ex comandante general de la Guardia Nacional Germán Varela, murió por problemas cardíacos. "Obviamente lo afectó", afirmó Colina sin querer dar más detalles.
"Allí lo que hay es un problema personal que está reflejado escuetamente. Varela era enemigo de Patricia Andrade, de hablar con la prensa, de todo eso", comentó respetuosamente Colina sobre su compañero.
Con un silencio de por medio, suficiente para recuperar su tono seguro y casi altivo, Colina volvió a mostrar sus blancos dientes y concluyó: "Ya es suficiente los años de discusión, de peleas, de rencores... ya eso pasó para mí, es asunto del pasado, lo que toca es el presente, mirar hacia el futuro. Hay un país por el cual luchar, por el cual vivir, el cual hay que reconstruir".
Colina y Varela permanecen libres en Estados Unidos. La convención contra la tortura les obliga a regresar a Venezuela cuando desaparezca el peligro. Por el momento están a salvo de una solicitud de extradición por parte de Caracas. "José tiene que regresar y enfrentar la justicia cuando todo esto haya pasado", comentó Patricia Andrade.
